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LAS DIFÍCILES RELACIONES ENTRE EL ESTADO Y LA NACIÓN

En un país como España, es evidente que la agenda política está polarizada en torno a los temas de la Nación, de ahí que el debate predominante verse acerca de si España es una Nación, si el Estado español es un Estado plurinacional que alberga distintas naciones en su seno, o si la Nación española se define como una Nación compleja y plural que alberga en su interior distintas naciones hasta constituir una Nación de naciones.

La Nación no remite únicamente al pasado, sino a la voluntad de seguir conviviendo juntos en el futuro. Los habitantes de un territorio comparten los recuerdos, las hazañas y las heridas, pero tienen que realizar un plebiscito cotidiano favorable a seguir viviendo juntos. Cuando este problema está resuelto podemos decir que la identidad nacional está garantizada, aunque se pueda ver amenazada por la irrupción de nuevas minorías.

Conviene diferenciar algunos modelos de la relación entre Estado y Nación:

  1. Estado-Nación. La unidad del Estado está garantizada y los problemas se vinculan a la cohesión social y la identidad cultural. La gran conquista de la laicidad francesa que se basaba en sacar los litigios religiosos de la plaza pública se ve cuestionada por una nueva generación de inmigrantes que, ante la imposibilidad de integrarse en el sistema, ante la realidad palpable de que el ascensor social ha quedado bloqueado, descubren que en la mezquita reafirman su identidad y encuentran un sentido a su vida. Cuando el Estado no puede hacerse cargo de las demandas sociales, algunos políticos recurren a los símbolos nacionales y lo hacen con tal eficacia que arrastran a sus competidores a hacerse cargo de ese problema.
  2. El modelo multicultural. Al modelo republicano-laico se le ponía en cuestión por no ser capaz de integrar las diferencias, por empeñarse en superar toda particularidad cultural, desde una universalidad que era puesta en cuestión por la nueva generación de inmigrantes. El modelo británico siempre había operado permitiendo la expresión pública de todas las diferencias religiosas y culturales, pero corría el peligro de abandonar a su suerte a las distintas minorías culturales sin crear un vínculo moral que superara las diferencias.
  3. El Estado Español. Además de tener que hacerse cargo del problema de la inmigración tiene que articular una pluralidad de sentimientos nacionales. En el caso español tenemos desde personas que se consideran y viven como españolas a otras que se definen exclusivamente como vascas, pasando por aquellas que compatibilizan su identidad española con su identidad vasca, catalana o gallega. La incorporación de España a Europa plantea también el problema de la compatibilidad entre estas tres identidades: la estatal, la europea y la regional.

En cualquiera de los tres modelos descritos nos encontramos con el problema actual del Estado, ¿como asegurar la aquiescencia de los habitantes del territorio que domina el Estado? Los individuos se sienten parte de una comunidad, miembros de una Nación, cuando sus derechos están garantizados y cuando sus sentimientos de pertenencia están reconocidos y salvaguardados. Es decir cuando se sienten ciudadanos y no súbditos.

DEL ESTADO LIBERAL AL ESTADO SOCIAL

No se puede establecer una evolución lineal desde el Estado liberal al Estado social sin tener en cuenta lo ocurrido durante los años veinte y treinta del pasado siglo XX.

Ante la amenaza de la revolución comunista, las fuerzas conservadoras europeas optaron, en unos casos por permitir y, en otros, por alentar los procesos que permitieron la interrupción de las instituciones liberales, el desmantelamiento de la democracia representativa y la supresión de los partidos políticos. Todo este proceso se realizó de una forma violenta con la idea de enaltecer valores que, para los teóricos del fascismo, estaban por encima del pluralismo político, del pluralismo social e ideológico y del pluralismo territorial.

En el caso de España, la derrota de la República democrática posibilitó la consolidación de una dictadura. Durante todos esos años no estuvieron permitidos los partidos políticos ni los sindicatos libres, ni hubo elecciones, ni tuvimos Parlamento. Tampoco había un Estado de derecho. La gran diferencia con los países europeos occidentales es que ellos sí recuperaron las instituciones democráticas a partir del final de la Segunda Guerra Mundial.

En ese momento se produce la gran transformación del Estado. No solo porque se consolidan los derechos de la primera generación, sino porque unido a esta vuelta del mejor liberalismo se produce el gran pacto histórico que da lugar al llamado Estado del bienestar. Este modelo de Estado solo es posible porque cuenta con el respaldo de las distintas fuerzas políticas. Todos ellos consideran que no es posible volver al viejo Estado liberal.

Este modelo se legitima por varias razones:

  • La división del mundo en bloques militares hace que en Europa occidental el modelo social tiene que competir con la atracción que provoca el modelo soviético en sectores importantes de los trabajadores europeos.
  • La forma que encuentra el capitalismo de integrar a los trabajadores europeos es mostrar la superioridad de un capitalismo humanizado frente a las consecuencias imprevisibles de los procesos revolucionarios. El recuerdo de la guerra mundial está muy presente.
  • El consenso que se produce en torno a la política económica. En la práctica todas las fuerzas políticas son keynesianas.
  • Se acepta como un elemento del consenso compartido el antifascismo.
  • No se pide a las fuerzas políticas que doten de sentido a la existencia. Se predica la política de la gestión y se avala como deseable el papel del consumidor satisfecho.
  • Los partidos políticos se convierten en grandes máquinas electorales que tratan de encontrar apoyos en todos los sectores del espectro social.

Ya no estamos ante el choque entre grandes cosmovisiones ideológicas que conforman dos mundos enfrentados por razón de la religión o de la clase social. Se buscan fórmulas de transición, de negociación que permitan alcanzar acuerdos corporativos entre la patronal y los sindicatos, auspiciadas por los gobiernos.

UN DOBLE ATAQUE AL ESTADO SOCIAL

El keynesanismo que todos asumían comienza a ser puesto en cuestión por liberales que habían sido muy minoritarios durante los años cincuenta y sesenta. Para ellos, el Estado del bienestar conducía, de una manera suave pero peligrosa, a fórmulas de servidumbre y había que reivindicar el papel del mercado frente al Estado, de la iniciativa privada frente a la empresa pública y de la empresa frente al sindicato.

Comienza toda la retórica favorable a la privatización, a la desregularización, a la flexibilidad, a la desistintucionalización. La habilidad del liberalismo económico estriba en conectar estas proclamas con una sensibilidad cultural que comienza a florecer en la sociedad europea y en la sociedad norteamericana a partir de 1968.

Se ha ido produciendo una integración de la clase trabajadora, pero un malestar difuso recorre las sociedades europeas, recogido por los estudiantes del mayo francés que hablan de devolver la imaginación al poder, de revolucionar la vida cotidiana, de buscar formas de autogestión de las instituciones, etc. Estamos ante una crítica a los valores de la autoridad, de la familia, de la escuela, de la patria, de la religión. Una crítica que apuesta por acabar con fórmulas estereotipadas de diferenciar lo normal de lo patológico, con la distancia abismal entre profesores y alumnos y con fórmulas de familia tradicional.

Esa fuerte reivindicación libertaria va a provocar una reacción de temor por parte de los sectores conservadores que llega hasta nuestros días cuando se habla de enterrar definitivamente el espíritu del 68. El papel del Estado aparece modulado según el lugar que ocupa ante los dos grandes retos ideológicos que van apareciendo. En el primer caso estamos ante un Estado mínimo en lo económico y máximo en lo moral. En el segundo ante un Estado interventor en el campo económico y permisivo en el campo moral.

EL ESTADO MÍNIMO [ECONOMÍA] Y MÁXIMO [MORAL]

El papel del Estado cambia a partir de la irrupción del neoliberalismo económico. El Estado cambia en dos dimensiones fundamentales: en la constitución de mayorías fundamentales y en las funciones que debe cumplir.

No estamos ante un pensamiento liberal-conservador que decide pactar, acordar, negociar con los representantes de los trabajadores y extender lo derechos económicos-sociales. Thatcher decide acometer una batalla social y moral que ponga en su sitio a los sindicatos y que permita alcanzar mayorías electorales favorables al capitalismo popular. Su tesis es que hemos llegado demasiado lejos. El Estado no puede sufragar un gasto público desbordado. Hay que devolver los recursos económicos a los particulares para que ellos compensen privadamente las desventajas de lo público.

Estas propuestas se basan en un análisis de la sociedad británica que divide la misma en tres sectores:

  1. En la cima de la sociedad tenemos a los detentadores del poder económico, del poder mediático y a las grandes élites del poder político, del poder legislativo y del poder judicial.
  2. En el suelo y en el subsuelo de la sociedad nos encontramos con los trabajadores en paro, con los excluidos. Forman este tercer tercio muchas personas que han accedido a las grandes ciudades provenientes de otros países y que sufren una degradación en las condiciones laborales y unas dificultades lógicas de arraigo en una nueva cultura.
  3. En medio de estos dos sectores se encuentra la clase trabajadora con empleo fijo, los profesionales de los servicios públicos, los representantes de los sindicatos, las nuevas clases medias y la antigua pequeña burguesía. Este sector recibe un mensaje doble: en ocasiones se le anima a realizar un pacto con el primer tercio y abandonar a su suerte al tercer tercio y viceversa.

Este modelo que Thatcher importa había sido descrito por Galbraith en USA cuando hablaba de cultura de la satisfacción. Esta cultura la forman los que consideran que el lugar que ocupan en la sociedad corresponde a los méritos que han acreditado en la competencia por acceder a puestos de responsabilidad en el mundo económico o en el mundo político. La diferencia entre la sociedad británica y la estadounidense es que, en la primera, el porcentaje de participación electoral era mucho más elevado que en la segunda.

No podemos considerar que el modelo thatcheriano fue un proyecto que afectara únicamente a la política interior británica. Su planteamiento conectó con lo que se ha denominado la revolución conservadora. El discurso neoliberal pide al Estado que no rompa con las leyes naturales del mercado. El discurso neoconservador le exige que intervenga y que ponga coto al relativismo moral, a la cultura de la permisibilidad, al deterioro de los valores tradicionales donde van a encontrar un aliado decisivo en el papa Wojtila.

Para Juan Pablo II existía una conexión entre el socialismo de los países del Este y la herencia de la Ilustración. El esfuerzo del socialismo por profundizar en el legado ilustrado, por subrayar el antropocentrismo, por constituir un mundo sin Dios ha llevado a la degradación moral, a los países gobernados por el comunismo. A partir de ese momento todo lo ocurrido en los años ochenta y especialmente la disolución del Pacto de Varsovia es interpretado por unos como la victoria del liberalismo económico, por otros como la confirmación de la supremacía norteamericana y, por el Vaticano, como el momento propicio para asestar un golpe a las pretensiones ilustradas al equiparar el totalitarismo de los países del Este con el republicanismo laico.

Las consecuencias para definir las funciones del Estado son claras. El Estado ya no tiene que auspiciar la negociación, el pacto, el acuerdo entre las partes ni avalar la redistribución de la riqueza. En el campo educativo es donde se ve más claro que esta cultura que amplía los derechos de todos a la educación conduce a la degradación de las condiciones escolares y a la pérdida de una cultura del esfuerzo. Son las consecuencias del igualitarismo democrático.

Ese Estado debe velar por mantener los principios morales que responden a la auténtica naturaleza humana. Los parlamentos no pueden legislar sobre determinadas cuestiones que afectan a la vida humana desde su inicio hasta su fin. El enemigo a batir para esta concepción liberal-conservadora es doble: por un lado el Estado social y por otro el Estado laico.

En el campo internacional ya no estamos insertos en un choque entre bloques militares, sino que nos encontramos ante la emergencia de un choque entre civilizaciones. En una situación de guerra contra el terrorismo, los políticos responsables no pueden combatir el mal con un Estado sujeto al derecho. No se pueden pensar que se respeten los derechos de los individuos cuanto está en peligro la supervivencia de la Nación y los valores de la civilización. Derechos que parecían consolidados van desapareciendo en esta nueva versión de la Razón de Estado que acaba con el Estado de derecho. El Estado como amortiguador de los efectos del mercado va perdiendo muchas de sus funciones. La laicidad como condición de la democracia va siendo puesta en cuestión por la vuelta del fundamentalismo.

LA SUPERVIVENCIA DEL ESTADO SOCIAL Y LA APUESTA POR EL ESTADO LAICO

El modelo anterior corresponde a la práctica de los partidos europeos liberal-conservadores y del partido republicano estadounidense, pero ello no impide que esas mismas formaciones políticas prefieran llegar a acuerdos con los sindicatos antes que promover conflictos sociales difíciles de atajar.

Los defensores del Estado social sostienen que el gran pacto histórico entre capital y trabajo que se produjo después de la Segunda Guerra Mundial es una conquista de la que no se puede prescindir. No se trataba de llamar únicamente a participar en la vida política, sino de asegurar que en la vida laboral hubiera unos derechos reconocidos que permitieran proyectar la propia existencia, los planes de vida, desde la seguridad de un Estado que protegía ante el infortunio y que garantizaba prestaciones en el campo de la sanidad, las pensiones y la educación.

Para lograr la legitimidad del Estado social son necesarias dos condiciones de difícil cumplimiento:

  1. Unas mayorías electorales dispuestas a apostar por el igualitarismo y la universalización de los servicios públicos. En el fondo se pide al segundo tercio que tenga una política de solidaridad universalista con el tercer tercio. Esa apuesta solidaria universalista es cada vez más difícil en sociedades donde impera, por un lado el individualismo consumista y, por otro, están presas del miedo y la inseguridad. Por otro lado, muchas de estas clases medias comienzan a pensar que sus hijos van a vivir peor que ellos y que les espera un futuro incierto. Si a ello unimos que, en algunos casos forman parte de los profesionales de los servicios públicos en el campo de la educación y la sanidad nos encontramos con que son profesionales expuestas a los mayores riesgos de frustración, de angustia, de malestar, de quedar quemados ante la avalancha de pacientes o de estudiantes que les reprochan todos los males que acumulan sociedades cada vez más desiguales. No es fácil extender la escolaridad obligatoria y dar una sanidad para todos sin mejorar los recursos, sin extender el número de profesionales, sin adecuar las instalaciones. Y estos recursos no se pueden aumentar sin mantener una presión fiscal alta y sin asegurar una economía competitiva.
  2. No es posible mantener el modelo social europeo sin una economía competitiva. No es factible mantener una economía competitiva cuando se produce una internacionalización de la vida económica donde es posible producir en otras partes del mundo sin tener que negociar con los sindicatos ni respetar las condiciones laborales y sin preocuparse del medio ambiente. Todo esto ha provocado que cuando las sociedades europeas miraban complacientemente la posibilidad de pasar los derechos de segunda generación a los derechos de tercera generación se ha producido un retroceso. Se ha producido una incorporación de trabajadores inmigrantes de distintos países que han cambiado la faz de nuestras ciudades y la cultura de nuestras sociedades. Ello afecta enormemente al Estado porque tiene que decidir si los nuevos trabajadores son miembros de la Nación con los mismos derechos que los autóctonos; si establece un filtro que permita controlar el flujo de los inmigrantes y que política establece para lograr la integración de los trabajadores inmigrantes. Cuando se habla de integrar al otro y de asumir una nueva realidad multicultural, se defiende preservar unos valores que todos pueden compartir ya que no se basan en la etnia ni en la religión, sino que se fundan en la aceptación de las reglas del juego democrático, en los procesos deliberativos y en el llamado patriotismo constitucional.

Basado en Estado, Nación, Ciudadanía y Bienestar de Antonio García Santesmases

Capítulo 10 de Ciudad y Ciudadanía. Senderos contemporáneos de la Filosofía Política. Ed. de Fernando Quesada

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