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Bases para reconstituir el demos político

Continuando con el debate abierto en Multiculturalidad, Inmigración y Democracia, abordemos ahora los parámetros en un nuevo tiempo histórico para la democracia. El tiempo histórico que vivimos está condicionados por cambios no solo sociales y políticos, sino estructurales e inciden en la forma en cómo entendemos nuestras formas de organizarnos.

A partir de este siglo XXI cada vez es más evidente que las cosas están cambiando en todos los niveles, especialmente nuestras percepciones en torno a la relación entre cultura y política. Estamos en un proceso irreversible de multiculturalidad y, por lo tanto, hace falta trabajar conceptualmente muchos frentes para acomodarnos a las exigencias de esta nueva realidad.

Estamos en una situación de “bloqueo conceptual” al pensar que la democracia solo es posible con un Estado-Nación homogéneo. Desde el punto de vista conceptual, veremos que tenemos un problema de práctica, un problema de referencia porque tenemos dificultad para nombrar lo que vemos y lo que queremos en torno a la inmigración y la multiculturalidad. La única certidumbre sobre la que nos movemos y la que dificulta muchas veces el proceso de argumentación, es que el discurso que hagamos tiene un efecto generacional sobre como queremos vivir socialmente y organizarnos políticamente teniendo en cuenta la diversidad cultural que resulta de la inmigración.

En este marco introduciremos siete premisas básicas para conformar nuestro esquema de pensamiento y que luego nos ayudaran a generar los principales argumentos para situar el debate:

  1. Estamos ante un proceso de multiculturalidad global, histórico e irreversible. Históricamente, cada sociedad ha tenido sus procesos de cambio. Hoy en día, este proceso viene determinado por el proceso de multiculturalidad en general, el que resulta de la inmigración en particular.
  2. Este proceso de multiculturalidad es el principal eje del conflicto hoy en día y el principal motor del proceso de cambio que están viviendo nuestras sociedades democráticas avanzadas. Estamos ante un cambio estructural que se expresa a través de conflictos sociales y políticos y que opera tanto a nivel individual como colectivo. Tiene un efecto directo sobre nuestro comportamiento, nuestros marcos de referencia y modos de evaluar las acciones de otros y el mundo que nos rodea y sobre nuestra forma de organización social y política. Este proceso nos está obligando a redefinir quienes somos, que pensamos, como valoramos las cosas. Tiene un nivel de exigencia ontológica social sin precedentes.
  3. Del pluralismo de valores al pluralismo cultural y al principio de la diferencia cultural. En este siglo XXI hemos pasado de la cuestión del pluralismo a la cuestión del pluralismo cultural. Hoy en día, la política y la sociedad deben cada vez más gestionar este tipo de conflictos que están relacionados con el pluralismo cultural. Este tipo de diversidad es un pluralismo de marcos de referencia, de tradiciones y culturas diferentes. La pregunta de nuestra época es cómo gestionar el vínculo entre democracia y pluralismo cultural. En este marco, la diferencia cultural adquiere el estatus de principio, en tanto que se percibe como el principio orientador de la nueva articulación de la sociedad, construida históricamente sobre la base de la categoría de “deficiencia social”. El intento de dar una respuesta política al reconocimiento del valor de la diversidad de la identidad cultural es una de las características distintivas de nuestra época. Es un hecho que nuestras sociedades se han construido sobre la base de la homogeneidad y lo idéntico en términos culturales y ubicado incluso en el seno de un Estado-nación. Solo han aceptado el pluralismo cuando procede de la persona, de sus intereses y es fruto de su voluntad, y no el pluralismo cultural, como principio articulador de la sociedad. En este contexto se producen zonas de conflicto multiculturales, contextos de los que surgen conflictos debido a las diferencias culturales. Estas zonas de conflicto no se producen en la esfera privada, sino en la esfera pública.
  4. Categoría de cultura-identidad tienen un significado social-político, explicativo para desigualdades sociales. El argumento es que con la llegada y permanencia de inmigrantes y el proceso de multiculturalidad que supone, hoy en día estamos ante una situación donde el concepto mismo de conflicto social tiene un componente identitario y cultural. El vínculo entre desigualdad social y pertenencia cultural es cada vez más evidente. El enfoque de la estructura de oportunidades nos ayuda a identificar estas situaciones de conflicto. Las estructuras institucionales no ofrecen las mismas oportunidades a las personas, independientemente de su identidad y su cultura. Es un hecho que la coexistencia dentro de un mismo territorio de culturas diferentes evidencia que nuestra sociedad no es culturalmente neutra. Debemos reconocer que las identidades culturales se valoran públicamente en función del lugar que ocupan sus portadores dentro de la estructura de poder de la sociedad. Su reconocimiento público implica redefinir la estructura básica. En temas de multiculturalidad, lo opuesto a la igualdad no es tanto la desigualdad como la discriminación, las relaciones de poder que se establecen entre las diferentes culturas.
  5. Las políticas de bienestar como políticas de identidad: la cultura-identidad provoca desventajas. Redistribución y reconocimiento. El principal problema de las políticas públicas de bienestar es querer mantenerse ante una lógica de hacer del siglo XX, donde los conflictos se definían únicamente bajo la categoría social y económica. La separación entre políticas sociales y políticas de identidad es una falsa premisa. En la práctica se confunden. Querer resolver problemas de desigualdad social y económica sin ver que estamos ante un proceso de pauperización paulatina de ciertas expresiones culturales y religiosas puede consolidar la diferenciación de la sociedad por razones de nacimiento, rasgos físicos y pertenencia cultural. Si bien la política de la segunda mitad del siglo XX fue básicamente una política social, la política del siglo XXI es una política de identidades. Hacer política social hoy en día requiere que los que toman decisiones políticas y sus profesionales estén formados en la diversidad cultural y tengan una mente multicultural.
  6. Tiempo histórico: Democracia y pluralismo cultural. Existen muchas más generaciones de personas que han vivido tiempos no-democráticos. Nuestra generación está viviendo una excepción histórica. Los conflictos relacionados con el pluralismo cultural solo nos interesan en tanto que se producen en el marco de la democracia y requieren, por lo tanto, respuestas democráticas. Los argumentos y preguntas que nos interesan son los que plantean preguntas a la democracia. Gestionar con nuestros fundamentos (valores y principios) democráticos la diversidad cultural, es decir, que las demandas y nuestra forma de gestionar el pluralismo cultural no vulneren nuestro marco de referencia democrático. Salir de la democracia para gestionar el pluralismo cultural es una posible forma de reacción, pero, en este caso, nos situamos en una contradicción e incoherencia históricas.
  7. La mayoría de los conflictos que se debaten no versan sobre hechos concretos, sino sobre sus interpretaciones. Partimos de la base de que cuando nos referimos a la mayoría de conflictos que tienen la interacción entre los inmigrantes, los ciudadanos y las estructuras institucionales como referentes empíricos, no hablamos sobre hechos, sino sobre interpretaciones. No es un debate sobre la inmigración, sino sobre como se interpreta y percibe la inmigración. Esto implica que los conflictos sociales que se producen están relacionados con conflictos de significados.

Las siete premisas anteriores nos indican que el proceso de cambio que se produce con el proceso de multiculturalidad está generando también un proceso donde las mismas bases del demos político están siendo discutidas. Este proceso de reconstitución del demos político requiere reflexionar sobre la necesidad de replantearse un nuevo sistema de categorías para poder interpretar un nuevo mundo.

Nuevo sistema de categorías para interpretar un nuevo mundo

El debate que suscita el proceso de multiculturalidad debe situarse dentro del proceso histórico. Interesa identificar los argumentos que permitan distinguir este Tiempo. La base es que somos la primera generación que se plantea preguntas en torno al vínculo entre multiculturalidad y democracia. Existen cinco argumentos básicos para reconstruir el demos político.

  1. Nuevo paradigma: monoculturalidad y multiculturalidad. El siglo XX se ha movido con un sistema de categorías que ha comparado el presente y el pasado, especialmente el pasado medieval frente a la Modernidad. Su argumentación política se ha construido dentro de los parámetros del debate entre tradición y Modernidad, paradigma dentro del cual se ha producido la mayoría de las distinciones analíticas de finales del siglo XIX. Si nos planteamos la misma pregunta hoy en día, constatamos que estamos en una situación similar a la que se produjo a finales del siglo XIX y principios del XX. La categoría de cultura y de identidad ayuda a conformar el nuevo paradigma que nos lleva a un pasado monocultural y a un futuro multicultural. Hoy en día, la mayoría de los conflictos tienen como marco de referencia explicativo el paradigma Monoculturalidad-Multiculturalidad.
  2. Nueva categoría de progreso. Con el proceso de multiculturalidad la idea misma de progreso cambia. El progreso se mide hoy vinculando cultura-identidad y pluralismo y se evalúa en la posición que uno adopta frente al vínculo entre cultura, política y pluralismo. Expresa la capacidad que tengan nuestras democracias consolidadas de gestionar los procesos de multiculturalidad manteniendo los principios de igualdad y de respeto que las define. El vínculo entre gestión de la diversidad cultural, igualdad y respeto del pluralismo se convierte en la principal fuerza que define la acción política progresista.
  3. Reenfocar la categoría de los derechos humanos para gestionar el pluralismo cultural. Los derechos humanos aparecieron en el año 1948 en un contexto de inicios de la “guerra fría” entre dos bloques enfrentados. Tras la Segunda Guerra Mundial fueron pensados básicamente para defender al ciudadano de su propio Estado. Este paradigma de relación ciudadano-Estado ayuda a entender las dificultades de aplicarse en no-ciudadanos, especialmente los inmigrantes irregulares. Esto se confirma con el conocido hecho ampliamente debatido de que el movimiento de personas está defendido en los artículos de derechos humanos sólo en la dirección salida, pero no en la entrada de los estados. Si bien en el siglo XX la “opción salida” era la que definía las fronteras, puesto que había una parte de la población mundial que no tenía opción de salir de su territorio, hoy en día podemos discutir la unidireccionalidad en la que está preconcebida “nuestra” sociedad abierta, puesto que el argumento está pensado para salir del territorio, pero no para entrar; o no se pensó en las migraciones internacionales y que la “opción entrada” pudiera tener algún día el estatuto de una reivindicación de derecho humano. De ahí que en el siglo XXI lo que define las fronteras ya no es la “opción salida”, sino la “opción entrada”. Lo que no estaba previsto eran las migraciones internacionales en las dimensiones actuales. Los derechos humanos y sus articulados sobre el movimiento de personas no fueron pensados para gestionar estas nuevas situaciones. De ahí que el debate tenta un claro sentido de desafío normativo. La capacidad que tengamos de restaurar esta asincronía debe ser la orientación de las políticas. En temas de inmigración vivimos en una “sociedad cerrada”. Si bien el gran logro de siglo XX ha sido asegurar la “opción salida” de nuestras sociedades, el gran reto del siglo XX es conseguir también que la “opción entrada”, en cualquier parte del territorio mundial se proteja como derecho humano.
  4. Repensar la categoría de clase social como grupo cultural. Es un hecho que el incremento de conflictos sociales tiene hoy en día un claro componente cultural. En este sentido se está produciendo una “culturalización” de las desigualdades sociales, donde la categoría de identidad-cultura define las zonas de conflicto. Ante iguales circunstancias de desigualdad económica, en lugar de solidaridad hay racismo, puesto que la clase pobre ciudadana percibe a la nueva pobreza vinculada con la inmigración como competencia directa. Los destinatarios iniciales de políticas sociales no suelen admitir que dejen de ser público objetivo, puesto que siguiendo los mismos criterios de redistribución, hoy en día los inmigrantes suelen ser los que engrosan la categoría de pobreza. Esta realidad ayuda a explicar por qué la opinión pública negativa está vinculada a clase social.
  5. La categoría de “Civilización” y el nuevo espacio para el conservadurismo. De la categoría de la “civilización” conocemos su procedencia y su construcción política, pero al final ha llegado a penetrar en las formas de interpretar el mundo y las relaciones internacionales. Incluso en su versión alternativa ya no se habla de Conflicto sino de Alianza de Civilizaciones. El hecho de que se introduzca esta categoría para interpretar los procesos de cambios profundos es una reacción conservadora en la que la civilización está en retroceso con la Revolución Francesa. La confusión entre civilización y cristianismo no es nueva, sino que también tiene su origen en el momento en que se conforma el pensamiento conservador, quien percibe estas dos categorías en términos de implicación. Hoy en día, el paradigma que nos lleva de un pasado monocultural a un futuro multicultural es propicio para el auge de un nuevo discurso conservador identitario. Este nuevo conservadurismo es un conservadurismo identitario, en el que la religión juega un papel muy importante.

Balance final: ¿Crisis del multiculturalismo o crisis de la democracia?

Si bien a finales del siglo XX una persona que se autodefinía como siendo multicultural no necesitaba justificarse, hoy, a esta misma persona se le requiere que dé razones. Estamos ante lo que podemos calificar como proceso de construcción política de un sentido negativo de la multiculturalidad que requiere una depuración semántica.

El multiculturalismo es visto ahora como amenaza de nuestros valores democráticos, como fuente de inestabilidad y de inseguridad, como conflicto irresoluble. Se ha construido la categoría de un cierto tipo de inmigrante como portador de valores culturales anti-democráticos, como amenaza a nuestras identidades culturales cristianas. La construcción política del discurso es clara. Como si en estos momentos estuviéramos iniciando un nuevo período más realista y dejáramos atrás la era idealista de multiculturalismo de los años noventa.

Se pueden distinguir tres niveles conceptuales al hablar de multiculturalismo:

  1. Dimensión social como descripción de la realidad. El argumento contra la dimensión social del multiculturalismo tiene muy poca fuerza, puesto que nadie puede negar una evidencia: el hecho de que nuestras sociedades sean culturalmente diversas. Si se insiste en esta crítica, las únicas posiciones políticas viables son la defensa de la repatriación y la exclusión absoluta con un cierre hermético de fronteras.
  2. Dimensión política como política pública. La idea es que el multiculturalismo pueda designar un tipo de política pública destinada a la defensa de grupos culturales minoritarios frente a los grupos mayoritarios ciudadanos.
  3. Dimensión moral como una posición ética. No puede confundirse esta dimensión política de la dimensión ética, la que incide en que el multiculturalismo es también posición moral.

Se defiende que la diversidad es un valor, y que una defensa de políticas contra la diversidad equivale directamente a salir de nuestro marco de referencia democrático basado en la igualdad. Los argumentos principales giran en torno a la incapacidad de las políticas de evitar lo que los franceses denominan una “comunitarización” o el hecho de que cada grupo cultural se encierre sobre sí mismo y se pluralice también el espacio público, hasta tal punto que se disuelva la idea de espacio cívico compartido de valores y principios comunes.

El particularísimo cultural llega a ser tan dominante que pone en entredicho el mínimo de universalismo cívico que asegure la cohesión social. Todos coinciden en dar una interpretación histórica al proceso de cambio que presenciamos, pero inciden en que ese proceso de multiculturalidad lleva inevitablemente a la desaparición de nuestra forma de organización social democrática, puesto que piensan que el multiculturalismo supone tolerancia sin criterios, una defensa de modos de vida que contravienen nuestros valores democráticos.

Fundamentan sus argumentos sobre una base claramente religiosa, en tanto que perciben la inmigración musulmana en Europa como un caballo de Troya que esconde una nueva forma de invasión bárbara. Todas las culturas se basan en una concepción de lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto y, por lo tanto, no todas pueden tener el mismo tratamiento. Su reconocimiento igual es imposible.

Este es el “multiculturalismo del miedo” para el que no es posible encontrar un marco de referencia que pueda contentar a todas las culturas por igual. En este ambiente de claro retroceso del multiculturalismo se añade otro factor estructural global de gran impacto en nuestras conciencias colectivas. La generación del post-11-S se “está haciendo”, pero, sin lugar a dudas, está siendo socializada en un ambiente donde la sospecha se convierte en amenaza, donde el que tiene fisonomía árabe (sea o no islámico) es el fruto de todos los males de nuestra sociedad, como en un momento dado se estigmatizaron a los judíos.

La multiculturalidad ligada al Conflicto de Civilizaciones se convierte en la variable explicativa de casi todos los grandes conflictos sociales, superando a los clásicos de clase social entre la ciudadanía. Esta nueva confusión contribuye a hacer retroceder a los multiculturalistas, puesto que se comienza a utilizar prácticamente como sinónimo: el multiculturalismo como un verdadero conflicto entre modelos de sociedad irreconciliables. Los conceptos cambian de significado cuando tienen un marco real sobre el que apoyarse.

Ahora bien, este cambio conceptual del término multiculturalidad y sus derivados no es una simple variación de algún aspecto de sentido o una determinada acepción, sino que se trata de un cambio radical, puesto que pasa de ser un concepto positivo a un concepto negativo. Se convierte simplemente en una amenaza real y directa sobre nuestras vidas.

Basado en Multiculturalidad, Inmigración y Democracia: La re-constitución del demos político de Ricard Zapata-Barrero.

Capítulo 12 de Ciudad y Ciudadanía. Senderos contemporáneos de la Filosofía Política. Ed. de Fernando Quesada

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LAS DIFÍCILES RELACIONES ENTRE EL ESTADO Y LA NACIÓN

En un país como España, es evidente que la agenda política está polarizada en torno a los temas de la Nación, de ahí que el debate predominante verse acerca de si España es una Nación, si el Estado español es un Estado plurinacional que alberga distintas naciones en su seno, o si la Nación española se define como una Nación compleja y plural que alberga en su interior distintas naciones hasta constituir una Nación de naciones.

La Nación no remite únicamente al pasado, sino a la voluntad de seguir conviviendo juntos en el futuro. Los habitantes de un territorio comparten los recuerdos, las hazañas y las heridas, pero tienen que realizar un plebiscito cotidiano favorable a seguir viviendo juntos. Cuando este problema está resuelto podemos decir que la identidad nacional está garantizada, aunque se pueda ver amenazada por la irrupción de nuevas minorías.

Conviene diferenciar algunos modelos de la relación entre Estado y Nación:

  1. Estado-Nación. La unidad del Estado está garantizada y los problemas se vinculan a la cohesión social y la identidad cultural. La gran conquista de la laicidad francesa que se basaba en sacar los litigios religiosos de la plaza pública se ve cuestionada por una nueva generación de inmigrantes que, ante la imposibilidad de integrarse en el sistema, ante la realidad palpable de que el ascensor social ha quedado bloqueado, descubren que en la mezquita reafirman su identidad y encuentran un sentido a su vida. Cuando el Estado no puede hacerse cargo de las demandas sociales, algunos políticos recurren a los símbolos nacionales y lo hacen con tal eficacia que arrastran a sus competidores a hacerse cargo de ese problema.
  2. El modelo multicultural. Al modelo republicano-laico se le ponía en cuestión por no ser capaz de integrar las diferencias, por empeñarse en superar toda particularidad cultural, desde una universalidad que era puesta en cuestión por la nueva generación de inmigrantes. El modelo británico siempre había operado permitiendo la expresión pública de todas las diferencias religiosas y culturales, pero corría el peligro de abandonar a su suerte a las distintas minorías culturales sin crear un vínculo moral que superara las diferencias.
  3. El Estado Español. Además de tener que hacerse cargo del problema de la inmigración tiene que articular una pluralidad de sentimientos nacionales. En el caso español tenemos desde personas que se consideran y viven como españolas a otras que se definen exclusivamente como vascas, pasando por aquellas que compatibilizan su identidad española con su identidad vasca, catalana o gallega. La incorporación de España a Europa plantea también el problema de la compatibilidad entre estas tres identidades: la estatal, la europea y la regional.

En cualquiera de los tres modelos descritos nos encontramos con el problema actual del Estado, ¿como asegurar la aquiescencia de los habitantes del territorio que domina el Estado? Los individuos se sienten parte de una comunidad, miembros de una Nación, cuando sus derechos están garantizados y cuando sus sentimientos de pertenencia están reconocidos y salvaguardados. Es decir cuando se sienten ciudadanos y no súbditos.

DEL ESTADO LIBERAL AL ESTADO SOCIAL

No se puede establecer una evolución lineal desde el Estado liberal al Estado social sin tener en cuenta lo ocurrido durante los años veinte y treinta del pasado siglo XX.

Ante la amenaza de la revolución comunista, las fuerzas conservadoras europeas optaron, en unos casos por permitir y, en otros, por alentar los procesos que permitieron la interrupción de las instituciones liberales, el desmantelamiento de la democracia representativa y la supresión de los partidos políticos. Todo este proceso se realizó de una forma violenta con la idea de enaltecer valores que, para los teóricos del fascismo, estaban por encima del pluralismo político, del pluralismo social e ideológico y del pluralismo territorial.

En el caso de España, la derrota de la República democrática posibilitó la consolidación de una dictadura. Durante todos esos años no estuvieron permitidos los partidos políticos ni los sindicatos libres, ni hubo elecciones, ni tuvimos Parlamento. Tampoco había un Estado de derecho. La gran diferencia con los países europeos occidentales es que ellos sí recuperaron las instituciones democráticas a partir del final de la Segunda Guerra Mundial.

En ese momento se produce la gran transformación del Estado. No solo porque se consolidan los derechos de la primera generación, sino porque unido a esta vuelta del mejor liberalismo se produce el gran pacto histórico que da lugar al llamado Estado del bienestar. Este modelo de Estado solo es posible porque cuenta con el respaldo de las distintas fuerzas políticas. Todos ellos consideran que no es posible volver al viejo Estado liberal.

Este modelo se legitima por varias razones:

  • La división del mundo en bloques militares hace que en Europa occidental el modelo social tiene que competir con la atracción que provoca el modelo soviético en sectores importantes de los trabajadores europeos.
  • La forma que encuentra el capitalismo de integrar a los trabajadores europeos es mostrar la superioridad de un capitalismo humanizado frente a las consecuencias imprevisibles de los procesos revolucionarios. El recuerdo de la guerra mundial está muy presente.
  • El consenso que se produce en torno a la política económica. En la práctica todas las fuerzas políticas son keynesianas.
  • Se acepta como un elemento del consenso compartido el antifascismo.
  • No se pide a las fuerzas políticas que doten de sentido a la existencia. Se predica la política de la gestión y se avala como deseable el papel del consumidor satisfecho.
  • Los partidos políticos se convierten en grandes máquinas electorales que tratan de encontrar apoyos en todos los sectores del espectro social.

Ya no estamos ante el choque entre grandes cosmovisiones ideológicas que conforman dos mundos enfrentados por razón de la religión o de la clase social. Se buscan fórmulas de transición, de negociación que permitan alcanzar acuerdos corporativos entre la patronal y los sindicatos, auspiciadas por los gobiernos.

UN DOBLE ATAQUE AL ESTADO SOCIAL

El keynesanismo que todos asumían comienza a ser puesto en cuestión por liberales que habían sido muy minoritarios durante los años cincuenta y sesenta. Para ellos, el Estado del bienestar conducía, de una manera suave pero peligrosa, a fórmulas de servidumbre y había que reivindicar el papel del mercado frente al Estado, de la iniciativa privada frente a la empresa pública y de la empresa frente al sindicato.

Comienza toda la retórica favorable a la privatización, a la desregularización, a la flexibilidad, a la desistintucionalización. La habilidad del liberalismo económico estriba en conectar estas proclamas con una sensibilidad cultural que comienza a florecer en la sociedad europea y en la sociedad norteamericana a partir de 1968.

Se ha ido produciendo una integración de la clase trabajadora, pero un malestar difuso recorre las sociedades europeas, recogido por los estudiantes del mayo francés que hablan de devolver la imaginación al poder, de revolucionar la vida cotidiana, de buscar formas de autogestión de las instituciones, etc. Estamos ante una crítica a los valores de la autoridad, de la familia, de la escuela, de la patria, de la religión. Una crítica que apuesta por acabar con fórmulas estereotipadas de diferenciar lo normal de lo patológico, con la distancia abismal entre profesores y alumnos y con fórmulas de familia tradicional.

Esa fuerte reivindicación libertaria va a provocar una reacción de temor por parte de los sectores conservadores que llega hasta nuestros días cuando se habla de enterrar definitivamente el espíritu del 68. El papel del Estado aparece modulado según el lugar que ocupa ante los dos grandes retos ideológicos que van apareciendo. En el primer caso estamos ante un Estado mínimo en lo económico y máximo en lo moral. En el segundo ante un Estado interventor en el campo económico y permisivo en el campo moral.

EL ESTADO MÍNIMO [ECONOMÍA] Y MÁXIMO [MORAL]

El papel del Estado cambia a partir de la irrupción del neoliberalismo económico. El Estado cambia en dos dimensiones fundamentales: en la constitución de mayorías fundamentales y en las funciones que debe cumplir.

No estamos ante un pensamiento liberal-conservador que decide pactar, acordar, negociar con los representantes de los trabajadores y extender lo derechos económicos-sociales. Thatcher decide acometer una batalla social y moral que ponga en su sitio a los sindicatos y que permita alcanzar mayorías electorales favorables al capitalismo popular. Su tesis es que hemos llegado demasiado lejos. El Estado no puede sufragar un gasto público desbordado. Hay que devolver los recursos económicos a los particulares para que ellos compensen privadamente las desventajas de lo público.

Estas propuestas se basan en un análisis de la sociedad británica que divide la misma en tres sectores:

  1. En la cima de la sociedad tenemos a los detentadores del poder económico, del poder mediático y a las grandes élites del poder político, del poder legislativo y del poder judicial.
  2. En el suelo y en el subsuelo de la sociedad nos encontramos con los trabajadores en paro, con los excluidos. Forman este tercer tercio muchas personas que han accedido a las grandes ciudades provenientes de otros países y que sufren una degradación en las condiciones laborales y unas dificultades lógicas de arraigo en una nueva cultura.
  3. En medio de estos dos sectores se encuentra la clase trabajadora con empleo fijo, los profesionales de los servicios públicos, los representantes de los sindicatos, las nuevas clases medias y la antigua pequeña burguesía. Este sector recibe un mensaje doble: en ocasiones se le anima a realizar un pacto con el primer tercio y abandonar a su suerte al tercer tercio y viceversa.

Este modelo que Thatcher importa había sido descrito por Galbraith en USA cuando hablaba de cultura de la satisfacción. Esta cultura la forman los que consideran que el lugar que ocupan en la sociedad corresponde a los méritos que han acreditado en la competencia por acceder a puestos de responsabilidad en el mundo económico o en el mundo político. La diferencia entre la sociedad británica y la estadounidense es que, en la primera, el porcentaje de participación electoral era mucho más elevado que en la segunda.

No podemos considerar que el modelo thatcheriano fue un proyecto que afectara únicamente a la política interior británica. Su planteamiento conectó con lo que se ha denominado la revolución conservadora. El discurso neoliberal pide al Estado que no rompa con las leyes naturales del mercado. El discurso neoconservador le exige que intervenga y que ponga coto al relativismo moral, a la cultura de la permisibilidad, al deterioro de los valores tradicionales donde van a encontrar un aliado decisivo en el papa Wojtila.

Para Juan Pablo II existía una conexión entre el socialismo de los países del Este y la herencia de la Ilustración. El esfuerzo del socialismo por profundizar en el legado ilustrado, por subrayar el antropocentrismo, por constituir un mundo sin Dios ha llevado a la degradación moral, a los países gobernados por el comunismo. A partir de ese momento todo lo ocurrido en los años ochenta y especialmente la disolución del Pacto de Varsovia es interpretado por unos como la victoria del liberalismo económico, por otros como la confirmación de la supremacía norteamericana y, por el Vaticano, como el momento propicio para asestar un golpe a las pretensiones ilustradas al equiparar el totalitarismo de los países del Este con el republicanismo laico.

Las consecuencias para definir las funciones del Estado son claras. El Estado ya no tiene que auspiciar la negociación, el pacto, el acuerdo entre las partes ni avalar la redistribución de la riqueza. En el campo educativo es donde se ve más claro que esta cultura que amplía los derechos de todos a la educación conduce a la degradación de las condiciones escolares y a la pérdida de una cultura del esfuerzo. Son las consecuencias del igualitarismo democrático.

Ese Estado debe velar por mantener los principios morales que responden a la auténtica naturaleza humana. Los parlamentos no pueden legislar sobre determinadas cuestiones que afectan a la vida humana desde su inicio hasta su fin. El enemigo a batir para esta concepción liberal-conservadora es doble: por un lado el Estado social y por otro el Estado laico.

En el campo internacional ya no estamos insertos en un choque entre bloques militares, sino que nos encontramos ante la emergencia de un choque entre civilizaciones. En una situación de guerra contra el terrorismo, los políticos responsables no pueden combatir el mal con un Estado sujeto al derecho. No se pueden pensar que se respeten los derechos de los individuos cuanto está en peligro la supervivencia de la Nación y los valores de la civilización. Derechos que parecían consolidados van desapareciendo en esta nueva versión de la Razón de Estado que acaba con el Estado de derecho. El Estado como amortiguador de los efectos del mercado va perdiendo muchas de sus funciones. La laicidad como condición de la democracia va siendo puesta en cuestión por la vuelta del fundamentalismo.

LA SUPERVIVENCIA DEL ESTADO SOCIAL Y LA APUESTA POR EL ESTADO LAICO

El modelo anterior corresponde a la práctica de los partidos europeos liberal-conservadores y del partido republicano estadounidense, pero ello no impide que esas mismas formaciones políticas prefieran llegar a acuerdos con los sindicatos antes que promover conflictos sociales difíciles de atajar.

Los defensores del Estado social sostienen que el gran pacto histórico entre capital y trabajo que se produjo después de la Segunda Guerra Mundial es una conquista de la que no se puede prescindir. No se trataba de llamar únicamente a participar en la vida política, sino de asegurar que en la vida laboral hubiera unos derechos reconocidos que permitieran proyectar la propia existencia, los planes de vida, desde la seguridad de un Estado que protegía ante el infortunio y que garantizaba prestaciones en el campo de la sanidad, las pensiones y la educación.

Para lograr la legitimidad del Estado social son necesarias dos condiciones de difícil cumplimiento:

  1. Unas mayorías electorales dispuestas a apostar por el igualitarismo y la universalización de los servicios públicos. En el fondo se pide al segundo tercio que tenga una política de solidaridad universalista con el tercer tercio. Esa apuesta solidaria universalista es cada vez más difícil en sociedades donde impera, por un lado el individualismo consumista y, por otro, están presas del miedo y la inseguridad. Por otro lado, muchas de estas clases medias comienzan a pensar que sus hijos van a vivir peor que ellos y que les espera un futuro incierto. Si a ello unimos que, en algunos casos forman parte de los profesionales de los servicios públicos en el campo de la educación y la sanidad nos encontramos con que son profesionales expuestas a los mayores riesgos de frustración, de angustia, de malestar, de quedar quemados ante la avalancha de pacientes o de estudiantes que les reprochan todos los males que acumulan sociedades cada vez más desiguales. No es fácil extender la escolaridad obligatoria y dar una sanidad para todos sin mejorar los recursos, sin extender el número de profesionales, sin adecuar las instalaciones. Y estos recursos no se pueden aumentar sin mantener una presión fiscal alta y sin asegurar una economía competitiva.
  2. No es posible mantener el modelo social europeo sin una economía competitiva. No es factible mantener una economía competitiva cuando se produce una internacionalización de la vida económica donde es posible producir en otras partes del mundo sin tener que negociar con los sindicatos ni respetar las condiciones laborales y sin preocuparse del medio ambiente. Todo esto ha provocado que cuando las sociedades europeas miraban complacientemente la posibilidad de pasar los derechos de segunda generación a los derechos de tercera generación se ha producido un retroceso. Se ha producido una incorporación de trabajadores inmigrantes de distintos países que han cambiado la faz de nuestras ciudades y la cultura de nuestras sociedades. Ello afecta enormemente al Estado porque tiene que decidir si los nuevos trabajadores son miembros de la Nación con los mismos derechos que los autóctonos; si establece un filtro que permita controlar el flujo de los inmigrantes y que política establece para lograr la integración de los trabajadores inmigrantes. Cuando se habla de integrar al otro y de asumir una nueva realidad multicultural, se defiende preservar unos valores que todos pueden compartir ya que no se basan en la etnia ni en la religión, sino que se fundan en la aceptación de las reglas del juego democrático, en los procesos deliberativos y en el llamado patriotismo constitucional.

Basado en Estado, Nación, Ciudadanía y Bienestar de Antonio García Santesmases

Capítulo 10 de Ciudad y Ciudadanía. Senderos contemporáneos de la Filosofía Política. Ed. de Fernando Quesada