Concepto y Realidad Actual de la Ciudadanía

El concepto de ciudadanía está en el centro de la filosofía política. La estabilidad e integración de las sociedades democráticas depende no solo de sus instituciones, sino de las disposiciones y actitudes de sus miembros respecto a lo público y de la convivencia y cooperación entre ellos.

Antes que nada hay que preguntar que es un ciudadano. Podemos fijar la aparición del concepto moderno de ciudadanía en el período de la Revolución Francesa. Es entonces cuando el significado de ciudadano deja de ser el de un súbdito libre de un soberano, situado bajo su obediencia y protección, y adquiere un nuevo sentido que en lo esencial es el actual. Podemos distinguir tres aspectos en esta nueva ciudadanía:

• Los ciudadanos son sujetos considerados iguales legalmente, y ya no diferenciados por privilegios derivados del lugar, corporación o estamento en el que se ubican.
• La ciudadanía tiene una dimensión política: el ciudadano es un sujeto político que participa, siquiera sea a través de sus representantes, en la creación de normas y el gobierno de asuntos públicos.
• Es una condición nacional-estatal. El ciudadano forma parte de una entidad colectiva, la Nación o el Estado, que comprende al conjunto de los ciudadanos y tiene una identidad propia.

Muchos estudiosos distinguen tres dimensiones de la ciudadanía actual:

1. La de los derechos. Es un estatus legal. Ser ciudadano es ser titular de ciertos derechos con los deberes correspondientes.
2. La de la participación. Es una condición política. Lo que define al ciudadano es su capacidad de intervenir en los procesos políticos y formar parte de las instituciones públicas de gobierno de la sociedad.
3. La de la identidad o pertenencia. La ciudadanía se entiende como pertenencia a una comunidad singular, ordinariamente identificada por una historia y unos rasgos étnicos o culturales propios.

Estos tres aspectos solo son separables analíticamente, hay relaciones complejas entre ellos. Por ejemplo, la atribución de los derechos puede ser determinada por la definición que se adopte de la identidad nacional y el tipo y la extensión de los derechos atribuidos al ciudadano configuran el significado y alcance político de la ciudadanía.

Entre las cuestiones que se plantean hoy respecto de la ciudadanía podemos destacar tres: Las relacionadas con la complejidad, estratificación y pluralidad de la ciudadanía. Es problemática la apertura de la ciudadanía tanto hacia adentro (admisión y exclusión del espacio cívico) como hacia afuera (ampliación en una dirección cosmopolita). Importa la calidad de la ciudadanía como condición de la estabilidad y el bienestar de las sociedades democráticas.

Ciudadanía, igualdad e identidad plural

El modelo unitario y universalista de ciudadanía nacido de las revoluciones del siglo XVIII define a ésta como un estatus de igualdad. El principio básico de la ciudadanía contemporánea es que en el ámbito de la comunidad política todos los sujetos que tienen la condición de ciudadanos son iguales ante la ley, con independencia de su estatus y circunstancias en otros ámbitos y niveles no políticos, como el sexo, linaje, domicilio, etc.. Y esa abstracción respecto a las condiciones que diferencia a los individuos en la vida social garantiza la igualdad en el plano jurídico y político.

Por eso la ciudadanía moderna es homogénea: nada diferencia entre sí a los ciudadanos en cuanto tales. Sin embargo, no sólo han sido excluidos históricamente de la ciudadanía muchos de los residentes en cada sociedad, sino que dentro del espacio cívico formalmente igual y homogéneo hay desigualdades de estatus. Hay una estratificación social real que convive con la igualdad formal de la ciudadanía y una diversidad que no es atendida por la concepción homogénea de la ciudadanía.

Fraser ha denominado demandas de redistribución a las que reclaman una igualdad social que haga real la igualdad formal de la ciudadanía. Estas demandas han movido las luchas políticas y sociales de los dos pasados siglos, y fruto de ellas es el desarrollo de la ciudadanía social. Pero aunque hoy los problemas de la justicia social han pasado a segundo plano en los debates de la ciudadanía, han pasado en cambio a tener el protagonismo en la teoría política actual las demandas de reconocimiento de la diversidad de identidades de colectivos y grupos sociales, y en particular de las identidades culturales.

Se reclama una rectificación del concepto de ciudadanía que se haga cargo de la diversidad sustancial de condiciones que se engloban bajo la figura unitaria del ciudadano. Las demandas de justicia social se orientan en la dirección de hacer real la igualdad de los ciudadanos, mientras que las demandas de reconocimiento requieren disolver la homogeneidad de la ciudadanía y abrir paso a la diferencia.

Ciudadanía social

La idea de una ciudadanía social tiene como presupuesto la tensión entre la igualdad y reciprocidad que entraña la ciudadanía en el plano legal y político, y la desigualdad material existente entre los ciudadanos. Es el ensayo Ciudadanía y clase social del sociólogo británico Marshall el que desarrolla el concepto de ciudadanía social. Pretende explicar como es posible que conviva la ciudadanía, que es un estatus de igualdad, con el capitalismo, que se rige por la lógica desigualitaria del mercado. Para ello representa el desarrollo histórico de la ciudadanía moderna como un progreso en el reconocimiento de los derechos inherentes al estatus de ciudadano.

Así, la ciudadanía civil comprende los derechos necesarios para la libertad individual, como la libertad personal y de movimiento, de pensamiento, etc., y la social abarca todo el espectro, desde el derecho de seguridad y a un mínimo bienestar económico al de compartir plenamente la herencia social y vivir la vida de un ser civilizado conforme a los estándares predominantes en la sociedad.

La ciudadanía social se realiza en el siglo XX, con el Estado del bienestar, desarrollado en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Las políticas sociales del Estado del bienestar mostraron que es necesario actuar sobre la estructura social para garantizar eficazmente la autonomía individual frente a los límites del contexto social. Es verdad que la ciudadanía social no garantiza la igualdad material, pero, según Marshall, proporciona una igualación de estatus, en tanto que universaliza ciertas condiciones de “vida civilizada” por la vía de los derechos.

Desde la derecha se ha criticado la ciudadanía social porque los costosos derechos sociales requieren recursos fiscales que se detraen de otras posibles inversiones privadas y sobrecargan al Estado. Como alternativa, neoconservadores y neoliberales proponen la deprivatización de la asistencia social, así como la promoción de la iniciativa espontánea de la sociedad civil y de la responsabilidad y competitividad de los individuos. En cualquier caso, la ciudadanía social del Estado del bienestar no puede se considerada en nuestros días como un logro ya definitivo, más bien un espejismo.

La corriente dominante neoliberal, afianzada por los procesos de globalización económica la pone en riesgo. La solidaridad queda confiada a las organizaciones de la sociedad civil y los servicios asistenciales retornan a la iniciativa privada; en consecuencia, la ciudadanía social es vinculada al humanitarismo, cuando no al mercado. Además, los derechos sociales no han llegado a ser genuinamente incondicionales, como los demás derechos fundamentales. Para ser auténticos derechos inherentes a la ciudadanía, deberían ser universalmente garantizados, con independencia de la coyuntura económica. Su realización es problemática, ya que esta garantía requiere interferir en el libre funcionamiento del mercado.Y ya sabemos cómo se las gasta.

Por otra parte, la ciudadanía social ha estado ligada a la participación del mercado de trabajo. El Estado del bienestar se convirtió en canalizador de la distribución de la renta a través del pleno empleo y la regulación de los mercados de trabajo, y la redistribución de los recursos gracias al sistema de transferencias fiscales y a la emancipación relativa de los ingresos mercantiles en sanidad, educación, etc.. Hoy se abre camino la idea postproductivista de una ciudadanía no ligada al contrato y a la producción, sino a actividades guiadas por la solidaridad y la reciprocidad. En esta dirección se mueve la idea de una renta básica de la ciudadanía, basada en la reivindicación del “derecho a la existencia”. La renta mínima de ciudadanía podría reforzar los principios de la ciudadanía social, la universalidad de la ciudadanía y, sobre todo, desvincular la renta del trabajo retribuido.

Ciudadanía y diversidad cultural.

Del mismo modo que la desigualdad material desmiente la igualdad formal de la ciudadanía es hoy puesta en cuestión la concepción unitaria, homogénea de la ciudadanía, porque pasa por alto las diferencias de género, étnicas y culturales que subyacen a la esfera política. La demanda de reconocimiento de las identidades diferenciadas y, en particular, de la pluralidad cultural, ocupa hoy el primer plano: la perspectiva de la identidad cultural domina no solo en la teoría política, sino incluso en el diseño de las políticas públicas.

Ciudadanía y género

La situación de las mujeres en el espacio público muestra con especial claridad la insuficiencia del modelo universal abstracto de ciudadanía, y la necesidad de tener en cuenta la realidad particular y situada de los ciudadanos. La igualdad formal de la ciudadanía de las democracias liberales no ha impedido que las mujeres continúen siendo en la práctica ciudadanas de segunda, que votan, pero que ocupan un lugar secundario en la vida política.

Aunque el acceso a la ciudadanía sitúa a las mujeres en un plano de igualdad, esta será puramente nominal si no cambia su situación en la esfera doméstica o laboral: su presencia en el mundo público seguirá marcada por su situación subordinada en el privado.

La crítica apunta también a la homogeneidad del concepto de ciudadanía. En la comunidad democrática liberal caben las diferencias de opinión, pero no las diferencias culturales o de género, que son relegadas al ámbito privado. Esto tiene como consecuencia que los grupos excluidos o escasamente representados en la arena pública no pueden manifestar sus intereses y aspiraciones desde su propia perspectiva.

Por último, la esfera pública está construida sobre categorías específicamente masculinas, y definida en oposición (y a la vez sobre) la esfera doméstica en la que se confina a las mujeres. El mundo público está basado en la igualdad y el doméstico en la subordinación. El ciudadano es concebido prescindiendo de sus relaciones familiares y particulares, considerándose políticamente irrelevante en la vida doméstica. La supuesta ciudadanía universal es en realidad una ciudadanía masculina, que impone sus rasgos particulares como universales; y la dominación política y económica sobre las mujeres tiene sus raíces en este hecho.

Estas críticas apuntan a la necesidad de redefinir la ciudadanía en el sentido del reconocimiento y equiparación de los géneros. Pero se suelen distinguir dos propuestas al respecto:

• Subraya la diferencia de características, capacidades e intereses de las mujeres, que se traduciría, en las propuestas más radicales, en la búsqueda de una manera específicamente femenina de situarse y actuar en la esfera pública.
• Se propone alcanzar una situación de igualdad entre varones y mujeres que haga realmente irrelevante la diferencia sexual. La perspectiva de la igualdad propone remover los obstáculos que se oponen a la plena inclusión e igualdad que implica el concepto moderno de ciudadanía, hacer efectivas sus promesas incumplidas y lograr una auténtica ciudadanía común, haciendo irrelevantes las diferencias en las que se ha apoyado en el pasado la subordinación y exclusión de las mujeres.

Se ha esforzado por alcanzar la participación en igualdad de condiciones de hombres y mujeres tanto en el ámbito político como en el laboral, así como en el espacio doméstico. El enfoque de la igualdad dejó claro que no se puede avanzar en la equidad de género sin un objetivo de participación y distribución de recursos más justa y, para ello, como se defiende desde la diferencia, se requiere transformar los valores culturales que rigen el androcentrismo.

Basado en La actualidad de la ciudadanía, de Fernando Quesada.

Capítulo 10 de Ciudad y Ciudadanía. Senderos contemporáneos de la Filosofía Política. Ed. de Fernando Quesada